Abogada UBA. Maestría de Derechos Humanos, Estado y Gobierno. Universidad Nacional de Tres de Febrero – Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Posgrado en Derecho Ambiental UBA. Curso sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para Agentes del Estado CIDH/ American University Washington College of Law / IIDH / Robert F. Kennedy Human Rights. Especialización en Derechos Fundamentales y Administración Pública y en Derechos Humanos, Estado y Sociedad de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Especialización en Gobierno y Gestión Judicial de la Universidad Austral. Curso sobre Protección Internacional de Derechos Humanos y Derechos del Niño de la Universidad Católica Argentina. Responsable del área de Discapacidad y asesora jurídica de la Dirección Nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad para temas de infancia, salud mental y personas mayores de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fue Coordinadora de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Dirección Nacional de Protección de Derechos y Resolución de Conflictos de esta misma Secretaria. Fue abogada del Equipo Técnico Interdisciplinario de Defensoría Boca- Barracas Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Docente de la Universidad ISALUD. Profesora invitada de la UBA, Escuela Freudiana de Buenos Aires, Universidad Nacional de Mar del Plata, Colegios profesionales. Coordinadora y tutora del Campus virtual de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación- Curso “Derechos Humanos y Discapacidad”. Autora de publicaciones en la materia.”

ABSTRACT:

Interrupción Legal del Embarazo en mujeres con discapacidad 

 

El reciente debate parlamentario del Proyecto de Ley sobre Interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso Nacional de la República Argentina reavivó y complejizó la discusión social sobre el aborto.
En ese marco, algunas organizaciones de personas con discapacidad, representadas por sus mujeres, vieron en esta discusión una oportunidad para visibilizar sus demandas de inclusión en el debate en igualdad de condiciones con las demás mujeres. 
Si bien el proyecto fue rechazado por el Senado, y por lo tanto la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo considerada genéricamente un delito, existen causales en las que la misma es legal. 
Esta presentación busca acercar herramientas para interpretar el marco legal vigente en relación a los derechos de las mujeres con discapacidad a la luz de los tratados de derechos humanos, que conforme nuestra Constitución Nacional, son junto con ella la ley suprema de la Nación. 
Se abordará aquí lo establecido en el artículo 86 del Código Penal de la Nación, algunas consideraciones del Fallo F.A.L. de la Corte Suprema de la Nación, así como las obligaciones que surgen de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para dar cuenta de las obligaciones del Estado ante la solicitud de la realización de una interrupción legal del embarazo de una mujer con discapacidad.